Vivimos tiempos de canibalismo político. En la última década, la conversación pública española ha abandonado el contraste de ideas para instalarse firmemente en los juzgados de instrucción y las portadas de la llamada fachosfera. No se busca batir al adversario en las urnas ni convencer al ciudadano con un programa; se busca su aniquilación personal, familiar y reputacional. Es lo que el derecho contemporáneo y la sociología política denominan la muerte civil.

El mecanismo es tan viejo como la Inquisición, pero ahora cuenta con la velocidad de la fibra óptica y la potencia de los algoritmos de recomendación. La estrategia ya no requiere una sentencia firme, ni siquiera una acusación penal sólida. Basta con activar la maquinaria: una denuncia hilvanada con recortes de prensa falsos o descontextualizados, un juez dispuesto a estirar la instrucción penal hacia una "excursión de pesca" prospectiva, y un ecosistema mediático que amplifica el lodo las veinticuatro horas del día.

Lo hemos visto con la cacería sin cuartel contra el entorno familiar de Pedro Sánchez, donde informes policiales de la UCO que descartan cualquier atisbo de delito son ignorados voluntariamente para mantener el show vivo. Lo observamos en el asedio inédito al anterior Fiscal General del Estado por el simple delito de defender la verdad frente a un bulo. Y lo constatamos ahora en su máxima expresión con la imputación coreografiada del expresidente Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional.

En este último caso, el embrollo roza el delirio procesal: tasaciones hinchadas convenientemente por empresas afines a la órbita de la derecha, informes sin aval judicial e investigaciones sobre supuestos fraudes que, de haber existido, estarían más que prescritos. Pero al entramado político-judicial que mece la cuna no le importa el código penal; le importa el titular.

El verdadero crimen democrático de estas instrucciones no es solo la debilidad de sus indicios, sino la flagrante conculcación de los derechos fundamentales. Cuando un juzgado se convierte en un colador de filtraciones de datos privados ajenos al procedimiento, la intimidad salta por los aires. Un almuerzo ordinario, una reunión de trabajo legítima o una conversación telefónica banal quedan envueltas, de la noche a la mañana, bajo la luz de la sospecha. Para el lector de titulares, la proximidad al barro es sinónimo de culpabilidad. El desmentido posterior llegará años tarde y en una página par; el asesinato civil ya se habrá consumado.

Conviene no llamarse a engaño. No debemos confundir la fiscalización implacable de la corrupción real —aquella que el Tribunal Supremo ha castigado con severidad en las cúpulas ministeriales del caso mascarillas— con este uso espurio del aparato del Estado. Lo primero es higiene democrática; lo segundo es lawfare de manual.

Cuando la herramienta del proceso penal se desnaturaliza para desgastar psicológicamente a un gobernante o demoler el legado de un expresidente, lo que termina en el subsuelo no es solo la honorabilidad de las personas rezumadas por el fango. Lo que se entierra es la confianza del ciudadano en la separación de poderes, la presunción de inocencia y la propia viabilidad del sistema democrático. En este tribunal de la sospecha permanente, la verdad es la primera ejecutada.